La gobernanza ambiental de actividades extractivas en América Latina y el Caribe: la necesidad de incluir a las comunidades
Ante el auge de las inversiones en actividades extractivas en América Latina y el Caribe
(ALC), se está generando una creciente preocupación sobre sus consecuencias sociales y
ambientales. Las actividades extractivas, incluyendo la minería metalífera, la extracción de
hidrocarburos y la biomasa, se están expandiendo y trasladando hacia nuevas y remotas
áreas, a menudo habitadas por comunidades indígenas y campesinas. Estas actividades
tienen profundas consecuencias. Por un lado, generan desarrollo económico, puestos de
trabajo e infraestructuras, así como ingresos para los gobiernos, que son parcialmente
orientados a financiar programas sociales. Por otro lado, estos proyectos a menudo dañan la
naturaleza y los medios de vida locales, consumen grandes cantidades de energía y agua, y
producen grandes cantidades de residuos. Muchas comunidades reclaman que sus
necesidades e inquietudes sobre los impactos negativos de las actividades extractivas no
son suficientemente tomadas en cuenta, por lo que se incrementa la resistencia local. Los
marcos regulatorios e institucionales existentes, incluyendo los mecanismos de consulta, no
resultan adecuados para prevenir y solucionar estos problemas.